Redactor de EL TIEMPO.
'Colombia busca a sus muertos': el informe especial de seis páginas publicado ayer por este diario estremece y espeluzna. Hablar de entre 10.000 y 30.000 desaparecidos y de descuartizadores paramilitares que 'entrenaban' cortando en pedazos a personas vivas- abre una ventana al lado más oscuro del alma nacional. Esos horrores se han cometido aquí, entre nosotros, por años y años. Colombia, es triste decirlo, se destaca por el número de víctimas y -como lo hizo con el 'corte de franela' en la violencia de los años 50- por 'innovaciones' macabras, como el descuartizamiento de los cuerpos para atiborrar con ellos fosas pequeñas, más fáciles de cavar para los asesinos . Estremecerse ante sus últimas manifestaciones es comprensible, pero el país debe ir más allá. Para el futuro de la paz y la reconciliación, es indispensable esclarecer hasta el máximo el fenómeno de la desaparición forzada. * * * *
Miles de familias sufren en medio de la incertidumbre de no saber qué pasó, sin poder hacer un entierro ni un duelo que les permita recuperar, si no al ser querido, al menos algo de sosiego. Hasta hace poco, era ínfimo el esfuerzo del Estado por calmar ese sufrimiento. Durante cerca de 20 años, organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) han adelantando cruzadas casi solitarias, clamando por investigación y justicia. Ahora, con la desmovilización y confesiones de muchos paramilitares y con la Ley de Justicia y Paz, las autoridades tienen una oportunidad única para cerrar las miles de heridas que ha dejado abierta la desaparición forzada. Pero si no se adoptan medidas urgentes y concretas, se corre el riesgo de que este río de cadáveres solo produzca más dolor y más violencia. La Fiscalía está abrumada por una avalancha de casi 4.000 denuncias sobre ubicación de fosas comunes. Apenas 533 cuerpos han sido exhumados. Tan solo 13 han sido identificados plenamente. ¡Y lo que falta! Se cuenta, por fin, con un Plan Nacional de Búsqueda y con una comisión interinstitucional encargada del tema, que ha empezado a poner en marcha un registro único nacional y un plan urgente de búsqueda de desaparecidos. Pero se necesitan recursos financieros, investigadores, especialistas forenses. Si se quiere realmente esclarecer la suerte de los desaparecidos, exhumar todas las fosas e identificar sus restos, el Gobierno debe aportar fondos y buscar ayuda internacional para elevar la capacidad técnica de un sistema judicial hoy más dependiente de testigos que de pruebas.
Un área clave es la del registro único de desaparecidos. Es toda una ironía que desde 1991 exista un plan -en su momento presentado como un modelo- que nunca se aplicó seriamente. Es elemental: sin juntar en una sola base de datos nacional la información sobre los que han desaparecido con la de los N. N. que son encontrados (hay miles de datos sueltos en uno y otro caso), la identificación de los restos es muy difícil. Esa tarea se ha iniciado, pero debe dársele toda la prioridad. Preocupa que, entre el año pasado y este, el promedio diario de denuncias sobre fosas haya disminuido a casi la mitad. A la luz de la Ley de Justicia y Paz, un deber esencial de los paramilitares -autores de la casi totalidad de las desapariciones- debe ser el de contribuir a su esclarecimiento. De allí, entre otros, el papel de los incentivos para que los perpetradores den información. Es clave dar a los familiares de las víctimas un papel protagónico en el proceso. Integrantes de sus organizaciones siguen siendo asesinados, como sucedió el lunes con Judith Vergara Correa, que ha acompañado a las Madres de La Candelaria, en Medellín. Esto no es un mero asunto forense. Involucrar a los familiares ayuda a identificar los restos y a hacer el duelo final, y da a las víctimas el papel central que deben tener. Una debida reparación también tiene que ser parte integral del proceso.
El país urbano y cosmopolita al que se le cuentan estos horrores cometidos en esa 'otra Colombia' rural debe reaccionar. "Necesitamos reconstruir nuevamente nuestros corazones y sentirnos identificados por el drama de quienes fueron desmembrados en carne viva por la violencia", escribe hoy un lector en el Foro. En los años 60, cuando se documentaron los inconcebibles excesos de la Violencia, hubo mucha polémica y poco esclarecimiento. Hoy, Colombia toda está en posibilidad de pagar la deuda que tiene con los desaparecidos y sus familias. Pero solo lo hará si evita los errores del pasado. Es hora de saber y reparar. Si no lo hacemos esta vez, no habrá paz ni reconciliación en demasiados corazones. Ni en el país que los alberga.
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