Por Marianne Ponsford (El Espectador)
Los diputados españoles (congresistas) tienen una asignación constitucional idéntica para todos: 3.020 euros brutos al mes, es decir, un poco más de ocho millones de pesos. Los que viven fuera de Madrid y tienen que desplazarse a la capital, cobran 1.762 euros para afrontar los gastos de alojamiento y manutención, con lo que su salario se eleva a cerca de 4.800 euros, es decir, 13 millones de pesos al mes.
Crucemos el Atlántico y aterricemos en Colombia, un país en vías de desarrollo, en el cual más de la mitad de la población vive sumida en la pobreza absoluta. Aquí, en este país, el Presidente de la República gana prácticamente lo mismo que el de España —un millón menos—, y los congresistas, entre un 40 y un 60% más.
Pero Andrés Peñate presenta su renuncia a la dirección del DAS aduciendo que su sueldo no le alcanza para vivir y pone sobre la mesa el debate sobre la supuestamente pobre remuneración de los funcionarios públicos en Colombia. El que su magro salario de más de 10 millones mensuales sea mucho mayor que el de la gran mayoría de los funcionarios públicos de un país boyante como España no impide que asegure que todos los altos funcionarios públicos en Colombia piensan igual que él. Es inevitable preguntarse: ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué es lo que esperan estos altos funcionarios del Estado?
¿No se les pasa por la cabeza que sus palabras son una ofensa descarnada, una grosera humillación para más del 80% de los colombianos? Y sobre todo, ¿qué es lo que consideran una calidad de vida mínima aceptable? ¿No les basta vivir en un país en el cual pueden tener choferes, muchachas de servicio, nanas, jardineros, mensajeros, y más choferes para sus hijos, para sus esposas, por salarios de hambre? ¿Cuántas veces al año hay que poder ir de compras a Miami para sentir que se tiene un nivel de vida digno? Pero lo más preocupante es que alegan que el sector privado paga mejor —como si fuera una injusticia—, y pretenden presionar al Estado para que se vuelva económicamente “competitivo” frente a lo privado.
Vámonos entonces al sector privado y pongamos un ejemplo extremo: el presidente del BBVA en España, uno de los directivos mejor pagados de ese país, ganó el año pasado 9,7 millones de euros (sin incluir los 10 millones extra para su fondo de pensiones). Es decir, su salario ronda los 26.500 millones al año, o sea unos 2.200 millones de pesos al mes, cifra que se duplica al incluir los 27.200 millones de pesos anuales de aporte a su pensión. Conclusión: nadie, pero nadie, en ninguna parte del mundo, pone en duda que es mejor trabajar en el sector privado que en el sector público si quiere hacerse rico. Y muchísimo menos en Colombia, un país en el que el Estado es pobre y que paga, por comparación, salarios desmesuradamente buenos.
Es absurdo pensar siquiera en plantear el debate. Pero es que aquí el problema está en que todos ellos —la mayoría de los altos funcionarios que deberían conformar la clase media alta del país, al igual que sucede en el primer mundo— creen que merecen vivir como ricos. Nada es suficiente. Ni 10, ni 15, ni 20 millones al mes. No les basta saber que tienen entre manos la posibilidad de tomar las decisiones que afectarán el destino del país. No les importa saber que están ejerciendo un cargo pagado con dineros públicos precisamente porque su trabajo es, sencillamente, un servicio público. No les basta saber que son relevantes, importantes.
Tienen que sentirse importantísimos. Y esa sensación proviene no —como sería lo lógico— de la importancia del cargo en sí sino de los lujos a los que se creen, por obra y gracia del cargo, merecedores. Pretenden aplicar la lógica capitalista a un Estado que es incapaz de tan siquiera proveer a todos sus niños de una nutrición adecuada para sobrevivir. En otras palabras, si en cualquier parte del mundo las declaraciones de Andrés Peñate son una vergüenza, en Colombia se convierten en un insulto apabullante. En una triste desfachatez.
Los diputados españoles (congresistas) tienen una asignación constitucional idéntica para todos: 3.020 euros brutos al mes, es decir, un poco más de ocho millones de pesos. Los que viven fuera de Madrid y tienen que desplazarse a la capital, cobran 1.762 euros para afrontar los gastos de alojamiento y manutención, con lo que su salario se eleva a cerca de 4.800 euros, es decir, 13 millones de pesos al mes.
Crucemos el Atlántico y aterricemos en Colombia, un país en vías de desarrollo, en el cual más de la mitad de la población vive sumida en la pobreza absoluta. Aquí, en este país, el Presidente de la República gana prácticamente lo mismo que el de España —un millón menos—, y los congresistas, entre un 40 y un 60% más.
Pero Andrés Peñate presenta su renuncia a la dirección del DAS aduciendo que su sueldo no le alcanza para vivir y pone sobre la mesa el debate sobre la supuestamente pobre remuneración de los funcionarios públicos en Colombia. El que su magro salario de más de 10 millones mensuales sea mucho mayor que el de la gran mayoría de los funcionarios públicos de un país boyante como España no impide que asegure que todos los altos funcionarios públicos en Colombia piensan igual que él. Es inevitable preguntarse: ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué es lo que esperan estos altos funcionarios del Estado?
¿No se les pasa por la cabeza que sus palabras son una ofensa descarnada, una grosera humillación para más del 80% de los colombianos? Y sobre todo, ¿qué es lo que consideran una calidad de vida mínima aceptable? ¿No les basta vivir en un país en el cual pueden tener choferes, muchachas de servicio, nanas, jardineros, mensajeros, y más choferes para sus hijos, para sus esposas, por salarios de hambre? ¿Cuántas veces al año hay que poder ir de compras a Miami para sentir que se tiene un nivel de vida digno? Pero lo más preocupante es que alegan que el sector privado paga mejor —como si fuera una injusticia—, y pretenden presionar al Estado para que se vuelva económicamente “competitivo” frente a lo privado.
Vámonos entonces al sector privado y pongamos un ejemplo extremo: el presidente del BBVA en España, uno de los directivos mejor pagados de ese país, ganó el año pasado 9,7 millones de euros (sin incluir los 10 millones extra para su fondo de pensiones). Es decir, su salario ronda los 26.500 millones al año, o sea unos 2.200 millones de pesos al mes, cifra que se duplica al incluir los 27.200 millones de pesos anuales de aporte a su pensión. Conclusión: nadie, pero nadie, en ninguna parte del mundo, pone en duda que es mejor trabajar en el sector privado que en el sector público si quiere hacerse rico. Y muchísimo menos en Colombia, un país en el que el Estado es pobre y que paga, por comparación, salarios desmesuradamente buenos.
Es absurdo pensar siquiera en plantear el debate. Pero es que aquí el problema está en que todos ellos —la mayoría de los altos funcionarios que deberían conformar la clase media alta del país, al igual que sucede en el primer mundo— creen que merecen vivir como ricos. Nada es suficiente. Ni 10, ni 15, ni 20 millones al mes. No les basta saber que tienen entre manos la posibilidad de tomar las decisiones que afectarán el destino del país. No les importa saber que están ejerciendo un cargo pagado con dineros públicos precisamente porque su trabajo es, sencillamente, un servicio público. No les basta saber que son relevantes, importantes.
Tienen que sentirse importantísimos. Y esa sensación proviene no —como sería lo lógico— de la importancia del cargo en sí sino de los lujos a los que se creen, por obra y gracia del cargo, merecedores. Pretenden aplicar la lógica capitalista a un Estado que es incapaz de tan siquiera proveer a todos sus niños de una nutrición adecuada para sobrevivir. En otras palabras, si en cualquier parte del mundo las declaraciones de Andrés Peñate son una vergüenza, en Colombia se convierten en un insulto apabullante. En una triste desfachatez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario